La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, representa una radical reforma de la legislación civil, que supone un cambio en la consideración jurídica de las personas con discapacidad, de conformidad con la Convención de Naciones Unidas. Puesto que dicho tratado establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, la nueva legislación abandona el clásico modelo de sustitución (representación) en la toma de las decisiones. Por tanto, podemos hablar de un nuevo Derecho de las capacidades, en el que hemos pasado de la incapacitación al pleno reconocimiento de capacidad.

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